- La AEPD impulsa un modelo de verificación basado en el anonimato del adulto y la protección del interés superior del menor.
- Se proponen soluciones técnicas como las carteras digitales y tokens anónimos para evitar la recolección masiva de datos biométricos.
- El marco regulatorio europeo, especialmente el DSA y el RGPD, exige que cualquier sistema de control de edad sea proporcional y minimice la información tratada.

Hoy en día, mantener a los chavales a salvo mientras navegan por la red es un quebradero de cabeza para cualquiera. No es solo cuestión de poner filtros, sino de encontrar ese punto medio exacto donde podamos evitar que los niños accedan a cosas que no deben sin que los adultos tengamos que entregar hasta el ADN para entrar en una web.
El gran dilema es que, a menudo, para proteger a la infancia se acaba vigilando a todo el mundo. Aquí es donde entra en juego la necesidad de sistemas que no sean intrusivos y que respeten la privacidad de los ciudadanos, evitando que la seguridad se convierta en una excusa para el rastreo masivo de nuestra actividad digital.
El enfoque de la AEPD para una red más segura

La Agencia Española de Protección de Datos ha puesto sobre la mesa una propuesta bastante ambiciosa para solucionar este lío. La idea central es demostrar que es totalmente viable bloquear el acceso de los menores a contenidos para adultos garantizando el anonimato de quienes sí tienen la edad legal. No se trata de que la web sepa quién eres, sino de que reciba una señal confirmando que eres una persona autorizada a acceder.
Para aterrizar esto, la Agencia ha diseñado un decálogo de principios fundamentales. Entre ellos, destaca que el sistema no debe permitir en ningún momento la localización o el seguimiento de los menores, ni tampoco que los adultos sean perfilados según lo que miren. Básicamente, se busca que la verificación sea un proceso ciego donde se confirme la mayoría de edad sin revelar la identidad real del usuario.
El Decálogo: las reglas del juego

Para que un sistema de verificación sea legal y ético, debe seguir unas pautas estrictas. No vale cualquier cosa; el objetivo es que el interés superior del menor sea la prioridad absoluta. Estos son los pilares básicos:
- Evitar a toda costa que se pueda rastrear a los niños en la web.
- Centrar la acreditación en quien sí es mayor de edad, evitando que el sistema sirva para etiquetar a alguien como menor.
- Mantener el anonimato frente a los proveedores de servicios y terceras empresas.
- Limitar la exigencia de edad únicamente a contenidos inadecuados, sin extenderlo a toda la navegación.
- Asegurar que la comprobación sea fiable y cierta, pero sin vincular la actividad entre diferentes plataformas.
- Permitir que los padres sigan ejerciendo su patria potestad y control parental.
- Establecer un marco de gobernanza claro y respetar los derechos fundamentales de todo el mundo.
Pruebas reales: ¿Cómo funcionaría en el día a día?

Para que esto no se quede en palabras bonitas, la AEPD ha realizado varias pruebas de concepto. Han querido demostrar que se puede hacer de distintas formas según el aparato que uses. Por ejemplo, en ordenadores o consolas, se propone una app de verificación que filtre el contenido y use un código QR (como los de la FNMT) para validar la edad desde el móvil sin dar datos personales.
En el caso de los móviles Android, la apuesta es la cartera digital (eWallet). El usuario tendría sus atributos de identidad guardados en una app segura y la web solo consultaría si el atributo «mayor de edad» es verdadero. Para los usuarios de iOS, se ha probado la extracción de datos de documentos oficiales mediante biometría o firma digital, pero procesando todo de forma que la web final no reciba la copia del DNI, sino solo la confirmación de la edad.
El marco legal europeo y el desafío del DSA
A nivel europeo, la Ley de Servicios Digitales (DSA) marca la pauta. El artículo 28 es clave porque obliga a las plataformas a implementar medidas proporcionales para proteger a los menores. Esto incluye una prohibición rotunda de la publicidad comportamental dirigida a niños, independientemente de si hay consentimiento o no. La idea es que el entorno sea seguro por defecto y desde el diseño.
Aquí surge la famosa paradoja: para proteger al menor hay que saber su edad, pero para saber su edad se suelen pedir demasiados datos. El RGPD y el Comité Europeo de Protección de Datos insisten en la minimización de datos. Si solo necesitas saber si alguien tiene más de 18 años, no tienes por qué saber su nombre, su dirección o su foto. El uso de tokens anónimos es la vía más razonable para evitar que las empresas creen bases de datos biométricas peligrosas.
Riesgos de los sistemas actuales y el camino a seguir

Muchos de los métodos que vemos hoy, como la autodeclaración (marcar una casilla de «tengo 18 años») o el análisis facial basado en IA, son insuficientes o peligrosos. La autodeclaración es fácil de engañar y la biometría masiva abre la puerta a filtraciones catastróficas o al perfilado masivo de los usuarios. Además, los menores suelen saltarse estas barreras usando VPN o cuentas prestadas.
La Comisión Europea está trabajando en una solución armonizada, una especie de «mini cartera» interoperable que permita demostrar la edad sin compartir nada más. Se espera que para finales de 2026, los Estados miembros desplieguen estas herramientas basadas en tecnologías anónimas, creando una lista de proveedores fiables que garanticen que no se están robando datos en el camino.
Tanto la legislación española como la europea avanzan hacia un modelo donde la seguridad infantil no sea la moneda de cambio de nuestra privacidad. La implementación de carteras digitales y la aplicación rigurosa de la minimización de datos permiten que el acceso a contenidos restringidos sea seguro, legal y, sobre todo, respetuoso con la identidad de cada ciudadano, evitando que internet se convierta en un espacio de vigilancia permanente bajo la bandera de la protección.