Guía completa de ayudas y subvenciones gestionadas vía móvil

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Las ayudas gestionadas vía móvil están ganando terreno en España: desde descuentos en autopistas hasta subvenciones para vehículos eléctricos o conexiones a Internet subvencionadas en zonas rurales. Cada vez más trámites se centralizan en plataformas online y aplicaciones, de forma que puedes controlar tus solicitudes, justificar gastos o descargar informes directamente desde el ordenador o el teléfono.

En este artículo vas a encontrar una guía completa y muy detallada sobre los principales programas de ayudas y descuentos relacionados con la movilidad y la conectividad: bonificaciones en peajes gestionadas por sistemas como Bidesaria, el programa MOVES III para la movilidad eléctrica, las ayudas del programa UNICO Demanda Rural para Internet satelital, iniciativas solidarias de conectividad y referencias a prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital. Todo explicado en lenguaje claro, con matices legales cuando hacen falta, y con un enfoque muy práctico.

Ayudas en autopistas mediante sistemas digitales y móviles

En algunas autopistas, especialmente en Euskadi, existen sistemas de subvención que se gestionan de forma prácticamente automática una vez que tu solicitud ha sido aprobada. El funcionamiento habitual es que tú realizas la solicitud de la ayuda (por ejemplo, para determinados tránsitos bonificados) y, desde ese momento, el sistema informático se encarga de revisar cada mes si cumples los requisitos y qué importe te corresponde.

Una vez aceptada la solicitud de subvención, el sistema comprueba mensualmente si has circulado por las autopistas incluidas, qué importe has pagado en los trayectos subvencionables y si mantienes el resto de requisitos exigidos: domicilio adecuado, situación tributaria al día u otras condiciones específicas del programa. No tienes que presentar una nueva solicitud cada mes: la ayuda se mantiene para todo el año, desde el mes en que se aprueba.

Cada mes recibirás un correo electrónico con el resultado de la comprobación: se te informa si ese mes tienes derecho a subvención o no, y en caso afirmativo, el importe exacto que se te ha reconocido. Si no cumples las condiciones en un periodo concreto, también se te explica el motivo (por ejemplo, falta de tránsitos mínimos, cambio de domicilio o incidencias administrativas).

Además de ese email mensual, muchos sistemas de este tipo permiten consultar el detalle de cada liquidación a través de una aplicación web específica (como Bidesaria en Euskadi). Desde esa aplicación puedes revisar los meses anteriores, ver trayecto a trayecto cómo se ha aplicado la subvención y descargar la información en formato Excel para archivarla o revisarla con calma.

Estas subvenciones tienen normalmente carácter anual: una vez aprobadas, son válidas para todo el año natural, aunque la efectividad comience en el mes de aceptación. Durante ese periodo se realizan cálculos y comprobaciones cada mes de manera automatizada. Finalizado el año, si quieres seguir beneficiándote, suele ser necesario presentar una nueva solicitud para el siguiente ejercicio, adaptada a la normativa vigente en ese momento.

En el caso del telepeaje VIA-T y dispositivos similares, algunos programas de descuentos y ayudas se aplican únicamente si todos los recorridos por la autopista se realizan usando dicho sistema electrónico. En Euskadi, por ejemplo, se contemplan descuentos para vehículos pesados que realizan un determinado número de viajes mensuales por la AP-8, llegando a bonificaciones en torno al 13% a partir de ciertos umbrales de tránsitos.

Estos esquemas de bonificación se apoyan en plataformas digitales que registran automáticamente los pasos por peaje, asociándolos a tu matrícula o a tu dispositivo VIA-T. A partir de esos datos, el sistema calcula la cantidad bonificada y la aplica en la facturación mensual, sin que tengas que ir guardando tickets ni reclamando manualmente cada descuento.

Registro y uso de la plataforma Bidesaria para ayudas en autopistas

Para gestionar las ayudas vinculadas a determinados peajes y al sistema de pago por matrícula o Free Flow/PPU, se utiliza la plataforma online Bidesaria. A través de ella puedes registrarte, asociar tus vehículos y consultar el estado de tus solicitudes y subvenciones.

Lo primero es acceder al sistema Bidesaria. Si ya estás dado de alta, basta con pulsar en el botón “Acceder” e introducir tu usuario y contraseña habituales. En caso de no estar registrado, el proceso de alta es bastante sencillo: se hace clic en “Registrarse” y se rellena un formulario con tus datos básicos.

Durante el alta tendrás que indicar, además de tus datos personales, un nombre de usuario y una contraseña para entrar a la aplicación. Estos datos se pueden cambiar después desde el propio panel, así que no pasa nada si al principio eliges algo provisional. Una vez enviado el formulario, recibirás un correo electrónico de confirmación de alta, que suele incluir un enlace para activar la cuenta.

Cuando ya tienes usuario, el siguiente paso para acceder a las ayudas específicas para vehículos pesados es ir a la pestaña “Mi FreeFlow / PPU”. Dentro de ella, se selecciona “Matrículas asociadas a tarjetas” y después la opción “Vehículos pesados”, que es donde podrás vincular las matrículas de los camiones o furgones de transporte de mercancías.

Si es la primera vez que entras en esa sección, verás una pantalla bastante limpia con una opción principal: “Asociar Vehículo Pesado a Tarjeta”. A partir de ahí, cada nueva matrícula que vayas asociando irá apareciendo en un listado, mostrando el estado de cada solicitud de ayuda y las acciones que puedes realizar: modificar datos, consultar detalles de subvención, desvincular vehículos, etc.

El formulario para asociar un vehículo pesado es relativamente simple. La propia pantalla te va guiando paso a paso, explicando qué campos debes rellenar en cada momento. Entre los datos que se solicitan están, entre otros, la matrícula, la marca y el modelo del vehículo. Por defecto, se selecciona la opción de “Deseo añadir un nuevo vehículo”, aunque también puede haber opciones para reutilizar vehículos ya registrados, según la evolución de la plataforma.

Si el camión o furgón tiene una matrícula extranjera, también se puede asociar, siempre que indiques correctamente el país de procedencia. Esta información es relevante tanto a efectos de control como para determinar qué normativa y qué condiciones de subvención se aplican en cada caso.

Ayudas para la adquisición de vehículos ligeros y requisitos de achatarramiento

Dentro de los programas de apoyo a la movilidad sostenible, se consideran actuaciones subvencionables la compra de vehículos ligeros nuevos o de demostración que pertenezcan a las categorías M1 (turismos) y N1 (vehículos comerciales ligeros), siempre que cumplan una serie de límites de emisiones y de precio.

Para poder optar a estas ayudas, los turismos M1 deben tener emisiones de CO2 inferiores a 125 g/km, mientras que en el caso de los vehículos N1 el límite se fija en menos de 140 g/km. Se admiten diferentes tecnologías: eléctricos puros, híbridos enchufables, de autonomía extendida, propulsados por gas natural, gases licuados del petróleo, gasolina o gasóleo, siempre que se respeten los umbrales de emisiones y el resto de requisitos técnicos.

Los llamados vehículos de demostración son unidades que el concesionario ha utilizado para pruebas y que cuentan con una antigüedad limitada. En los programas más recientes se consideran “demo” los vehículos con hasta nueve meses de antigüedad, contados desde la primera matriculación hasta la fecha de la factura de compraventa, aunque modificaciones posteriores del marco regulador han elevado en algunos casos ese límite hasta los doce meses.

El precio máximo de compra del vehículo también está acotado. Para los turismos M1 convencionales, el coste no puede superar los 40.000 euros (impuestos indirectos y de matriculación excluidos). Si hablamos de turismos M1 de hidrógeno, el límite aumenta hasta los 75.000 euros. En el caso de los vehículos N1, no se aplica un tope de precio máximo, lo que da más margen a la hora de elegir modelos específicos.

En determinados programas, el achatarramiento de un vehículo antiguo es un requisito obligatorio. El solicitante de la ayuda debe ser el propietario del vehículo a retirar, y el desguace tiene que realizarse a partir de una fecha concreta (por ejemplo, 1 de abril de 2025 en alguna convocatoria autonómica). El vehículo a achatarrar debe pertenecer a las categorías M1 o N1 y haber tenido el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica pagado, al menos desde 2024, en un municipio de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Además, el vehículo retirado debe cumplir una de estas condiciones: o bien tener una antigüedad igual o superior a 20 años (desde la primera matriculación hasta la fecha de achatarramiento), o bien superar un umbral de emisiones de CO2 bastante elevado: más de 175 g/km si es un M1, o más de 200 g/km si es un N1. De este modo se favorece la retirada de vehículos muy contaminantes y se impulsa su sustitución por modelos más eficientes.

Otro punto clave es que solo se consideran subvencionables las actuaciones en las que todas las facturas y justificantes de pago, independientemente del concepto (incluidos anticipos, señales u otros pagos parciales), tengan fecha posterior a un día concreto de inicio de la convocatoria, como el 1 de abril de 2025 en algunos programas regionales. Si hay pagos previos a esa fecha, la actuación puede quedar fuera de la ayuda.

La cuantía de la ayuda para este tipo de vehículos ligeros suele fijarse como un porcentaje del 20% sobre el coste subvencionable, con un límite máximo que, en determinados esquemas, se sitúa en 3.500 euros por vehículo. Además, se establecen límites por beneficiario: las personas físicas pueden adquirir como máximo un vehículo subvencionado, mientras que las personas jurídicas pueden llegar hasta tres, presentando una solicitud separada por cada unidad.

Programa MOVES III: movilidad eléctrica e infraestructuras de recarga

El Programa MOVES III es la principal iniciativa estatal para impulsar la movilidad eléctrica en España. Se regula por el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, que concede ayudas directas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para fomentar tanto la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables como el despliegue de puntos de recarga.

El programa arrancó con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, que posteriormente se ha ido ampliando en varias ocasiones hasta alcanzar unos 1.550 millones de euros. Parte de estos fondos procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, gestionado en España a través del IDAE, y otra parte de los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo dotaciones adicionales aprobadas por real decreto-ley.

Para reforzar y adaptar el marco regulador, MOVES III ha sido modificado mediante varios reales decretos posteriores. El Real Decreto 406/2023 introdujo cambios relevantes, como el aumento del número máximo de vehículos que una empresa o entidad con flota puede incluir en una solicitud, la ampliación de la tipología de vehículos incentivables (incluyendo seminuevos) y el incremento de la antigüedad límite de los vehículos de demostración, así como del máximo de estos vehículos “demo” por beneficiario.

Más tarde, el Real Decreto 821/2023 adaptó el programa al nuevo reglamento europeo de ayudas de Estado (Reglamento UE 2023/1315), extendiendo la vigencia de MOVES III y ajustando sus bases a las directrices comunitarias. Adicionalmente, el Real Decreto-ley 4/2024 prorrogó la duración del programa hasta el 31 de diciembre de 2024 y añadió 200 millones de euros extra para cubrir la demanda prevista hasta esa fecha.

Las ayudas del MOVES III son incompatibles con otras subvenciones o programas que persigan la misma finalidad para el mismo vehículo o infraestructura, ya sean de ámbito nacional, autonómico, europeo o internacional. Esto evita duplicidades y garantiza un reparto más equitativo de los fondos, obligando al solicitante a optar por un solo esquema de ayuda para cada actuación concreta.

Actuación 1: compra de vehículos eléctricos y de pila de combustible

La primera gran línea del programa se centra en la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible. La compra puede ser directa o a través de fórmulas de leasing financiero o renting (leasing operativo). Los vehículos deberán ser nuevos y estar matriculados por primera vez en España a nombre del destinatario último de la ayuda; en el caso del renting, pueden estar a nombre de la empresa arrendadora.

Son subvencionables las categorías M1 (turismos), N1 (furgonetas), L3e, L4e y L5e (motocicletas eléctricas) y L6e y L7e (cuadriciclos eléctricos), siempre que figuren en la Base de Vehículos del IDAE. Quedan excluidos los autocares y autobuses de categorías M2 y M3, así como los camiones y furgones de categorías N2 y N3, que se tratan en otros marcos de ayudas.

El programa también contempla la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible seminuevos, con hasta doce meses de antigüedad, siempre que la primera titularidad haya correspondido a empresas de renting, de alquiler de vehículos (rent a car) o a los propios fabricantes, y que se cumplan las condiciones específicas sobre fechas de factura y registro de solicitud. Asimismo, en los vehículos de demostración se amplía la antigüedad máxima a 12 meses y el número de unidades “demo” por beneficiario puede llegar hasta 90, según las modificaciones introducidas por el Real Decreto 406/2023.

En cuanto a la cuantía, para particulares, autónomos y administraciones sin actividad económica, las ayudas pueden alcanzar hasta 7.000 euros (o 9.000 con achatarramiento) en el caso de vehículos comerciales ligeros N1 de hasta 3.500 kg, y hasta 4.500 euros (7.000 con achatarramiento) para turismos M1. Además, hay incrementos del 10% en situaciones especiales: personas con discapacidad con movilidad reducida que necesiten adaptar el vehículo, residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes o profesionales autónomos que destinen el coche a servicios de taxi o VTC.

Si se entrega un vehículo antiguo para baja definitiva en circulación, cumpliendo los requisitos del programa (antigüedad suficiente, categoría adecuada y matrícula en España durante un periodo mínimo), se otorga un plus adicional de ayuda acumulable a ese 10% de incremento, en función de lo que marque el anexo III del real decreto. A la vez, se exige a los fabricantes o puntos de venta un descuento comercial mínimo de 1.000 euros en la factura para turismos y comerciales M1 y N1, de forma que el beneficiario vea una rebaja combinada significativa.

Los límites de ayuda por destinatario establecen que las personas físicas sin actividad económica solo pueden recibir subvención para un vehículo por convocatoria, mientras que comunidades de propietarios, empresas, entidades locales y sector público institucional pueden llegar hasta 250 vehículos por convocatoria y año desde las modificaciones introducidas en 2023, incrementando notablemente el potencial de renovación de grandes flotas.

Actuación 2: infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos

La segunda gran línea del MOVES III se centra en la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, que pueden ser tanto de acceso público como privado. En comunidades de propietarios también se incluyen las preinstalaciones eléctricas y de comunicaciones necesarias para dotar a los aparcamientos de recarga inteligente asociada a las plazas de garaje.

Las infraestructuras pueden instalarse en viviendas unifamiliares, parkings comunitarios, aparcamientos de empresas públicas o privadas, hoteles, centros comerciales, hospitales, universidades, polígonos industriales, centros deportivos, vía pública urbana o interurbana y estaciones de servicio, entre otros. Cualquier punto de recarga de cualquier potencia puede ser potencialmente subvencionable, siempre que cumpla las condiciones técnicas y administrativas fijadas en las convocatorias autonómicas.

En términos de intensidad de ayuda, para particulares, autónomos, comunidades de propietarios y administraciones sin actividad económica, el porcentaje puede llegar al 70% del coste subvencionable, ampliándose al 80% si la instalación se ubica en municipios de menos de 5.000 habitantes. Para empresas y entes públicos con actividad económica, los porcentajes varían en función de la potencia del punto de recarga y de si el acceso es público o privado, con intensidades mayores para pequeñas y medianas empresas, y porcentajes reforzados si se acogen al régimen de minimis.

Se establecen también límites cuantitativos máximos: para personas físicas, por ejemplo, se marca un tope de 5.000 euros por expediente en instalaciones de acceso privado, mientras que el resto de destinatarios puede llegar hasta 800.000 euros por expediente y 2,5 millones por conjunto de proyectos durante toda la vigencia de la convocatoria. En ningún caso la ayuda total concedida a una misma empresa puede superar el 40% del presupuesto global del régimen de ayudas.

En cuanto a la elegibilidad temporal, para particulares, autónomos y administraciones sin actividad económica se exige que las facturas y justificantes de pago sean posteriores al 9 de abril de 2021. Para empresas y entidades públicas con actividad económica, los contratos, facturas y pagos (incluidos anticipos o señales) deben ser posteriores a la fecha de registro de la solicitud, lo que implica que hay que esperar a presentar la petición antes de contratar la instalación si se quiere asegurar la subvención.

Desde el 1 de enero de 2024, las resoluciones de ayuda a empresas para infraestructuras de recarga de potencia ≤ 22 kW solo se conceden si estas instalaciones son capaces de soportar funcionalidades de recarga inteligente, alineando el programa con la digitalización y la gestión avanzada de la demanda eléctrica.

Conectividad e inclusión digital: ayudas a Internet y programas solidarios

Más allá de la movilidad, existe un esfuerzo importante para garantizar el acceso a Internet como servicio básico en todo el territorio. En España aún hay hogares que no tienen conexión fija por motivos económicos o por falta de cobertura de redes terrestres, especialmente en áreas rurales o dispersas.

Un ejemplo llamativo es el programa Gigas Solidarios de Orange, que canaliza desde 2017 donaciones de gigas de sus clientes para proporcionar conexiones gratuitas a Internet a familias en situación de urgencia social. Por cada 500 gigas donados, la operadora facilita acceso a Internet a hogares vulnerables seleccionados según criterios sociales, en una especie de “solidaridad circular” en la que los propios usuarios contribuyen a reducir la brecha digital.

En paralelo, el Gobierno ha impulsado el servicio Conéctate35.es como solución a la falta de cobertura de redes fijas en el medio rural. A través del satélite de Hispasat y del programa UNICO Demanda Rural, se ofrece una conexión de banda ancha con al menos 100 Mbps de descarga (que aumentan a 200 Mbps a partir de 2024) a un precio máximo de 35 euros al mes para el usuario final.

La continuidad del servicio está garantizada por contrato en un 99,5% de disponibilidad mensual, con un límite de datos de 150 GB al mes (suma de subida y bajada). Superado ese volumen, el usuario no se queda sin Internet, pero pasa a tener menor prioridad en la red. Existe además una franja “free zone” entre la 1:00 y las 6:00 de la madrugada en la que el consumo de datos no cuenta para esa cuota, ideal para descargas pesadas o copias de seguridad en la nube.

El servicio no exige periodo de permanencia y es compatible con VOIP y otros servicios como IPTV, IoT, VPN, telefonía móvil o asistencia online, lo que permite a los operadores minoristas dimensionar ofertas completas de conectividad. El precio máximo que Hispasat cobra al operador es de 16,68 euros al mes (sin impuestos), y este lo ofrece al usuario final por un máximo de 35 euros al mes, con impuestos incluidos.

Además, las personas que se dan de alta pueden acceder a una subvención de hasta 600 euros para cubrir costes de equipamiento, instalación y configuración del servicio. El operador emite una factura por esos conceptos y aplica una deducción del 100% hasta el máximo subvencionado; después reclama ese importe a Hispasat y no repercute ningún extra al usuario. Las zonas elegibles son aquellas que no cuentan con cobertura terrestre fija de al menos 50 Mbps de descarga, y el programa se mantiene abierto hasta el 31 de diciembre de 2027.

Este despliegue se enmarca en una estrategia más amplia de cierre de la brecha digital. Según el Informe de Cobertura en España 2023, se ha conseguido que el 100% de la población tenga acceso a banda ancha ultrarrápida de al menos 100 Mbps (combinando fibra y satélite), que el 92,5% de los hogares pueda contratar más de 1 Gbps y que casi 8 de cada 10 viviendas en municipios rurales dispongan ya de cobertura Gigabit, cifras muy por encima de la media europea.

Para llegar hasta ahí, el programa UNICO Banda Ancha ha invertido más de mil millones de euros desde 2018 en el despliegue de fibra óptica a más de cinco millones de hogares y empresas. En paralelo, el programa UNICO Redes Activas destina otros 1.000 millones de euros para llevar 5G a municipios de menos de 10.000 habitantes, con el objetivo de que prácticamente toda la población tenga acceso anticipado a esta tecnología móvil avanzada.

Ingreso mínimo vital y requisitos relacionados con el domicilio y la convivencia

El ingreso mínimo vital (IMV) es otra pieza clave del sistema de protección social, regulado por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. Aunque no se gestiona tanto “vía móvil” como otros programas, sí tiene un componente digital importante en su tramitación y en la consulta del estado de las solicitudes a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.

Pueden ser beneficiarias del IMV personas de al menos 23 años que no formen parte de una unidad de convivencia, siempre que no estén casadas ni constituidas como pareja de hecho, salvo que hayan iniciado trámites de separación o divorcio o concurran otras circunstancias excepcionales. También pueden ser beneficiarias quienes sí integran unidades de convivencia, con reglas específicas sobre edades mínimas y composición del hogar.

En general, las personas titulares del IMV que formen parte de una unidad de convivencia deberán tener al menos 23 años, salvo que tengan hijos o menores en guarda o acogimiento familiar permanente, o se trate de huérfanos absolutos que sean los únicos miembros de la unidad. Existen excepciones importantes para mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, personas que han estado bajo tutela de entidades de protección de menores o que han sido liberadas de prisión, entre otros supuestos.

La ley detalla situaciones especiales en las que, aun conviviendo en un mismo domicilio con familiares, se considera una unidad de convivencia independiente. Ocurre, por ejemplo, cuando una mujer víctima de violencia de género abandona el domicilio familiar, cuando se producen separaciones o divorcios y una de las partes se marcha con los hijos, o cuando se abandona el hogar por desahucio o por causa de fuerza mayor que lo deje inhabitable. En algunos de estos casos, la consideración de unidad independiente se mantiene solo durante tres años.

También se regulan supuestos especiales sobre la definición de domicilio: se puede considerar domicilio, a efectos del IMV, el uso individualizado de una habitación en un hotel o similar si hay contrato que lo acredite, o una zona concreta de una vivienda si existe título jurídico que reconozca ese uso exclusivo por parte de una persona o de una unidad de convivencia concreta.

En cuanto a la residencia, todas las personas beneficiarias, estén o no en una unidad de convivencia, deben residir legal y efectivamente en España de forma continuada durante al menos el año inmediatamente anterior a la solicitud, con excepciones para menores incorporados a la unidad de convivencia, víctimas de trata y mujeres víctimas de violencia de género. Se admite que la persona haya estado fuera de España hasta 90 días naturales al año sin perder la consideración de residencia habitual.

Las personas de entre 23 y 30 años que solicitan el IMV sin estar integradas en una unidad de convivencia deben acreditar que han vivido de forma independiente durante los dos años anteriores a la solicitud, con alta en la Seguridad Social (o sistemas equivalentes) durante al menos doce meses, continuados o no. Para mayores de 30 años, basta con demostrar que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores en el año previo, salvo en casos de fallecimiento de estos o situaciones especialmente protegidas como violencia de género, trata, sinhogarismo o salida de prisión tras condenas superiores a seis meses.

Cuando la persona forma parte de una unidad de convivencia, se exige que esta haya estado constituida durante al menos seis meses antes de presentar la solicitud, salvo que se trate de nacimientos, adopciones, acogimientos, reagrupaciones de menores, víctimas de violencia de género o trata u otros supuestos que se establezcan reglamentariamente como excepciones.

Todo este entramado normativo condiciona el acceso al IMV, pero también la forma de acreditar los requisitos, algo que cada vez se apoya más en sistemas telemáticos: consultas automáticas de empadronamiento, datos de la Seguridad Social, información tributaria o certificaciones electrónicas de discapacidades y situaciones de violencia de género, todo ello integrado en plataformas digitales que reducen la necesidad de aportar papeles físicamente.

En conjunto, los diferentes programas de ayudas y subvenciones vistos —desde descuentos en autopistas ligados a sistemas como Bidesaria, pasando por MOVES III y las ayudas a vehículos eficientes, hasta los planes UNICO o las prestaciones sociales como el ingreso mínimo vital— dibujan un escenario donde la gestión digital y el uso del móvil se han convertido en la vía habitual para solicitar, controlar y justificar las ayudas públicas. Conocer las condiciones específicas, las fechas clave de facturas, los límites de precio y emisiones, así como los requisitos de residencia y convivencia, es fundamental para aprovechar al máximo estas oportunidades y evitar sorpresas en las resoluciones.